Milei: ¿libre portación de armas o “desburocratización”?

Muchos periodistas, panelistas y políticos mal intencionados han interpretado algunas de las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza –Javier Milei–, como descabelladas e imposibles de aplicar en lo referido a la tenencia y portación de armas para los ciudadanos honestos de la República Argentina.

En esta nota quiero hacer un análisis despojado de ideologías políticas y centrándome en hechos concretos, socio culturales, técnicos y científicos. Y para abordar dicho tema tan complejo y controvertido, quiero aclarar primeramente que soy perito criminalista en varias especialidades, además de haber sido perito oficial y auxiliar de Policía Científica de la Gendarmería Nacional Argentina, del Ministerio Público de la Defensa de la CABA, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y experto en seguridad inscripto como tal en la Dirección Pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mi experiencia y visión se fundamentan, además, por la interacción y entrenamiento constante que durante 10 años brindé a las fuerzas policiales, militares y al poder judicial del Estado de Pernambuco, República Federativa de Brasil. Por lo tanto, no pretendo ser autorreferencial, pero sí que el lector considere que tengo fundamentos más que suficientes para hablar del tema con propiedad.

Para comenzar con el tema, tenemos que tener en cuenta dos situaciones diferentes dentro de la ley de armas y sus decretos reglamentarios: por un lado la tenencia y por el otro la portación de un arma de fuego. El primer caso significa que un ciudadano, cumpliendo con todos los requisitos legales, puede acceder a la compra y guarda de una o varias armas de fuego, que pueden ser de puño o largas según el caso. Esta tenencia le permite usarlas en lugares habilitados para la práctica del tiro deportivo, para cazar o, eventualmente, coleccionarlas (en este caso no se pueden usar).

Para acceder a este derecho, el ciudadano debe tramitar previamente la credencial que lo habilita como “Legítimo Usuario de Armas”, la cual conlleva a realizar una serie de exámenes (prueba psicológica, física, de aptitud para la manipulación y uso responsable de armas), y ser idóneo en el manejo y seguridad, además de responsable y consciente en las pruebas de tiro impuestas por un instructor habilitado por Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Sumado a ello debe presentar documentación variada, como medio de vida lícito, ausencia de antecedentes criminales y declarar un domicilio legal. Por si todo ello fuera poco, el tenedor deberá guardar las armas en condiciones especiales de seguridad (según la cantidad que posea), completando y firmando legalmente una declaración jurada impuesta por el ANMaC en su resolución 119/18.

En cuanto a la portación de un arma de fuego, significa poder llevarla encima y cargada (de manera oculta), en lugares públicos y poder hacer uso inmediato en caso de legítima defensa. Hoy en día poder portar un arma de fuego legalmente por parte de un civil honesto y preparado es imposible, debido a la evaluación arbitraria y selectiva que se aplica sobre ese derecho.

Un dato más sobre el que hay que hacer hincapié es que el antiguo Registro Nacional de Armas (RENAR), hoy ANMAC, realiza de manera habitual y regular inspecciones de armas y municiones tanto en armerías, como a entidades de tiro y a particulares, con el fin de tener un mejor y más claro control. Si tenemos en cuenta todo esto, podemos ver que, en realidad, aunque algunos políticos o periodistas quieran distorsionar la realidad, la verdad es que las armas legalmente registradas no son de ninguna manera culpables de la inseguridad, que viene azotando a nuestro país desde hace tiempo.

Los homicidios simples, robos, secuestros, femicidios y otros tipos de delitos (como los emocionales entre cónyuges, parientes, vecinos o conocidos), se cometen con armas que no están legalmente registradas, es decir que pertenecen al mercado ilegal, o bien se llevan a cabo con el uso de armas blancas (cuchillos, puñales, machetes, hachas, etc.) que no requieren registración.

Puede observarse de manera simple y cotidiana que los delincuentes –hoy en día más que nunca– tienen, portan y utilizan ilegalmente armas con total impunidad, sin que los políticos de turno y ciertos periodistas cuestionen esta situación y hagan algo al respecto para impulsar el desarme de estos criminales. Me animaría a decir que en ciertos casos hasta los protegen por su marginada condición social.

Por lo tanto, existe una clara y obvia ineptitud y complicidad, resultado de la inacción e ineficiencia por parte del Estado para terminar definitivamente con las armas ilegales, lo que paradójicamente y de manera absurda lleva a algunos malos políticos y periodistas a decir que el ciudadano de bien y honesto que quiere tener un arma termina siendo culpado por la inseguridad criminal (pensamiento desacertado y sin fundamento serio).

La verdad es que mientras no se desarme a los delincuentes no habrá paz, no habrá cese o disminución significativa de delitos y, además, ese flagelo aumentará con el pasar del tiempo porque el delincuente sabe de antemano que –gracias a una política de estado– estamos desarmados, por lo que ni siquiera duda en cometer el crimen. Hagamos un simple ejercicio mediático: día a día contabilicemos cuántos ciudadanos honestos y cuántos delincuentes mueren. Esa es la verdadera respuesta que el Estado le da a tan temido flagelo de que los ciudadanos honestos puedan tener (ni siquiera portar) armas.

Aprovecho para desmitificar una frase que muchas veces se repite con liviandad e irresponsabilidad: “un civil no está capacitado ni apto para defenderse en circunstancias que ameriten la legítima defensa”, lo cual es una gran mentira, por el motivo que el civil que puede adquirir legalmente un arma de fuego lo hace condicionado a una “afición no impuesta”, que es que le gusta la actividad, la practica, se interesa por el tema y es responsable en el manejo y uso durante el entrenamiento de tiro en sus diferentes variantes. Un ejemplo claro son los tiradores deportivos, los cazadores y los coleccionistas, que lejos de ser delincuentes tienen las armas de manera legal, de acuerdo a lo que impone estrictamente la ley para un uso legítimo y permitido.

Por otro lado, hoy en día algunos miembros de fuerzas policiales y de seguridad no poseen la capacitación adecuada y acorde a los tiempos violentos que vivimos, sin embargo, en su gran mayoría tienen y portan un arma que el Estado les provee de forma impuesta, y no se interesan en saber utilizarla de manera eficiente, lo que es peor porque muchos aspirantes solo buscan una salida laboral que dista mucho de la verdadera vocación.

La ineficiencia en las fuerzas se acentúa con el otorgamiento de derechos excesivos a los delincuentes y la quita de ellos a los hombres de la ley, lo que da como resultado la inacción por parte de éstos a causa del miedo a ser juzgados arbitrariamente por jueces tendenciosos de “escritorio” que no tienen ni idea o –bien– no se interesan por la realidad cruel por la que pasa y sufre todos los días el hombre trabajador y honesto, sea civil o policía.

En realidad, lo que el candidato a presidente Javier Milei intentó expresar (ver video) es que el hombre honesto, trabajador y de bien debería acceder por derecho a la compra, uso y portación de un arma de fuego, a partir de la presentación y aprobación de todas las exigencias requeridas por la ley de armas y sus decretos reglamentarios, sin burocracia, dilaciones, impedimentos o arbitrariedades, que impone injustamente y de forma solapada este estado ¿democrático? actual. Su plataforma no incluye venta de armas en supermercados como ocurre en los EE.UU. Ni acceso irrestricto a cualquier ciudadano que no cumpla la ley. Pero si cumple con los requisitos, que pueda acceder a ellas sin cooptación.

Es muy importante aclarar que en los estados totalitarios o dictatoriales, donde no hay democracia o bien las hay enmascaradas, siempre se promovió, se buscó, se amenazó y se obligó a los ciudadanos de bien a entregar sus armas, como es el caso de la Alemania nazi, de varios países árabes, de Rusia, la posterior Unión Soviética, naciones del sudeste asiático, algunas latinoamericanas como Cuba, Venezuela, México, Colombia, Brasil y también varios países europeos, como el Reino Unido donde imperó el terror del IRA, o España con la organización terrorista ETA, entre otros casos conocidos.

Otra contradicción oculta en el doble discurso de varios políticos antiarmas se basa en que ellos mismos, para protegerse y cuidar a familiares y amigos, poseen armas que, además, en algunos casos portan; o se rodean de guardaespaldas o escoltas (civiles, policías o militares) fuertemente armados que no tienen restricciones de ningún tipo a la hora de protegerlos, y que son pagados injustamente con el dinero del pueblo.

Es decir, quieren imponer el desarme a los de más, pero ellos mismos no quieren ni desean cumplir con esa idea e imposición arbitraria y dictatorial que lleva a los ciudadanos de bien a no poder elegir –eventualmente– portar un arma de fuego para su defensa inmediata e inminente ante una agresión ilegítima, dado que el Estado ni siquiera cumple con lo mínimo e indispensable para garantizar la seguridad ciudadana (prevención y represión de los delitos) en el momento inmediato de acontecer un ilícito. En la mayoría de los casos las fuerzas policiales o de seguridad están ausentes, obligando a la víctima a defenderse por voluntad e iniciativa propia, pero –eso sí– sin dudar en juzgarla en caso de que se exceda –o no– en la defensa que el propio estado con confiere.

De ahí que estadísticamente las cámaras y otros métodos de maquillaje resultan ineficaces en la inmediatez de cometido un delito, así como el 911 resulta una línea de denuncia posterior, que solo reporta un homicidio, un robo u otro ilícito cuando ya pasó y nunca in fraganti. La solución está en llevar a cabo e implementar eficazmente y de manera constante métodos de inteligencia, para saber cómo, dónde actúan y se esconden los delincuentes, a fin de capturarlos furtivamente, desarmarlos y ponerlos a disposición de una justicia “limpia”.

Tenemos que saber que una sociedad es como el cuerpo humano: cuando está enfermo se lo trata (análogamente, a la sociedad se la previene), pero cuando esa enfermedad no puede tratarse hay que operar para salvar la vida. De igual forma, en una sociedad infestada de delincuentes donde no funciona más la prevención se debe actuar y hacer una cirugía mayor para que la sociedad no perezca y muera.

La realidad y el caos reinante nos muestran una vez más que todos los métodos impuestos por los pseudos especialistas en seguridad fracasaron hasta el día de hoy y, lejos de disminuir, los delitos y el accionar de las bandas organizadas cada día es peor y la estadística va en aumento.

Nuestro padre de la patria, el General Don José San Martín, en su sabiduría de hombre único e incomparable inmortalizó una frase que dice: “Juremos no dejar las armas de la mano, hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje”. Esta frase refleja la necesidad y el deber actual que tenemos todos los argentinos de liberarnos de quienes nos oprimen y nos quieren imponer su propio interés por sobre el bien común. Y darle el estatus que se merecen las armas y sus verdaderos legítimos usuarios es una buena forma de comenzar.