Qué proyectos de ley pretenden desarmar a los legítimos usuarios

La sucesión de eventos desarmistas es un hecho conocido por todos los usuarios de armas argentinos: ocurren casi sin solución de continuidad. Esto afecta en gran medida a cazadores, tiradores y usuarios legales de armas de nuestro territorio. Resulta llamativa la cantidad de proyectos tendientes a eliminar toda actividad con armas, proyectos que atacan como el –archivado– del diputado PRO Sahad, de La Rioja, de exigir que todos los usuarios de armas debían estar asociados a un club de tiro y que sus respectivas CLU debían ser renovadas anualmente.

Un delirio absoluto, tanto como el del diputado Diego Mestre (UCR) de prohibir, con excusas ecológicas infundadas, la munición de plomo para toda actividad relacionada con las armas de fuego. Esto y eliminar las armas por completo es lo mismo. Sin embargo, existen estudios con rigor científico que demuestran que lo que pueden contaminar las municiones de armas de fuego al medio ambiente es totalmente despreciable.

Por su parte, la diputada Marisol Merquel (FDT) logró que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobara un proyecto propio por el cual se declara de interés legislativo el informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) titulado: “Cuando el macho dispara: armas de fuego y violencias de género en Argentina”. Sin quedarse atrás, la diputada Penacca (FDT) presentó otro proyecto con requisitos altamente restrictivos exigidos para obtener la condición de legítimo usuario de armas de fuego, los que solicita que sean incorporados a la Ley 20.429, para que no puedan ser modificados a favor de los usuarios.

También aire comprimido

Por su parte, otra diputada, Pamela Verasay (UCR/ Alianza Cambiemos), también presentó su proyecto de regulación de armas neumáticas y de aire comprimido con el fin de restringir al máximo la posibilidad de que niños y jóvenes puedan fácilmente iniciarse en la práctica del tiro deportivo, y que los tiradores en general tengan la posibilidad de utilizar las armas más económicas para aprender y entrenar. El este mismo sentido, el Ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo que “el desarme de la sociedad civil es una política central que vamos a impulsar fuertemente”.

Independientemente de los proyectos mencionados, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, exRenar) afirman estar trabajando en iniciativas para limitar el acceso a las armas, mejorar el control y promover el desarme. “Está la idea de contar con un cuerpo policial propio, como lo tiene la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), con la cual proceder directamente al secuestro del armamento en domicilios particulares cuando corresponda, pero su desarrollo requiere una reforma legislativa”.

Lo que tienen en común estas políticas desarmistas, lo que las une, es que en todos los casos, salvo el de Sahad, provienen de gente que seguramente jamás disparó un arma ni se movió en un polígono o coto de caza. No son usuarios de armas que un buen día descubren supuestos efectos adversos atribuibles a su tenencia y uso. Resulta muy sugerente que todas estas acciones específicas (que ahora también incluye a las armas neumáticas) coinciden ampliamente con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la política de desarme global sobre armas portátiles del mismo organismo internacional, que emplea organizaciones “filantrópicas” para llevar adelante esas acciones en todos los países donde se les permite operar (la mayoría de ellos endeudados terriblemente con el Fondo Monetario Internacional, ¿suena familiar?).

En la Argentina, más allá de la Red de Acción Política (RAP) que integran personas de muy variados partidos políticos (como Natalia Gambaro, ex directora de la ANMaC), se encuentran el INECIP y la Red Argentina para el Desarme (RAD). Estas ONG globalistas se dedican a tratar de promover acciones concretas que entorpezcan y desalienten el uso de armas entre civiles honestos, con el objetivo de alcanzar sociedades 100 % desarmadas. Cabe destacar que “filántropos” como George Soros invierten muchos miles de millones de dólares en subvencionar las actividades de estas organizaciones. Algunos de sus integrantes, de apellidos famosos en los medios por sus desgracias familiares, han sabido transmutar su dolor en buenas ganancias promoviendo un espejismo: el que “desarmando a la sociedad, podrán eliminar los crímenes violentos”.

Precisamente, es todo lo contrario. Sobran los ejemplos para demostrar que los índices de violencia son más elevados en localidades donde se restringe la tenencia y uso de armas de fuego. Por caso, los niveles de violencia contra las personas son altísimos en ciudades como Washington DC, New York y Chicago, en los EE.UU., donde las restricciones son máximas. No hace falta tener un coeficiente de inteligencia de 200 para entender que las armas son solamente herramientas. Que lo que produce el daño es la voluntad de quienes las emplean de manera ilegal o la no observación de las normas de seguridad respecto de su uso y guarda.

Por otro lado, la historia nos brinda ejemplos sobre cómo en los territorios donde se instauraron regímenes tiránicos el desarme fue una condición previa para su establecimiento (caso más reciente, el de Venezuela). Es por ese motivo que los países que defienden su soberanía y su población descartan de plano la prohibición de la tenencia y uso de armas entre la ciudadanía que observa la ley.

Quienes no la respetan siempre están armados; si se los desarma, consiguen otras o las fabrican ellos mismos. Por lo tanto, toda medida de restricción al respecto afectará solamente a los usuarios autorizados.

Aquellos que en nuestra nación tienen que cumplir muchos requisitos para poder obtener los permisos que dicta la Ley 20.429 y su Decreto reglamentario 395/75. La Ley 27.192 de creación de la ANMaC debería ser derogada y el organismo desmantelado para su reemplazo por otro similar al antiguo RENAR.

Los funcionarios a cargo no deberían tener atribuciones de promover “políticas de desarme globales”, ya que los ciudadanos deben ser respetados sobre sus decisiones personales mientras se manejen dentro de lo legal. Asimismo, la política de destrucción de armas (plan PEVAF del año 2007, aún vigente) es adecuada para que los funcionarios puedan vender el relato de que intentan alcanzar una sociedad más segura mediante la destrucción de armas de fuego, armas que son estratégicas para todo país. Sirven (salvo las de baja calidad) para entrenar personal de fuerzas y para su uso civil. E, incluso, pueden generar recursos para el estado mediante su subasta y transferencia a usuarios legales. Su destrucción no es más que otro objetivo de la agenda del globalismo.

Cabe agregar que la actual vicepresidenta –Cristina Fernández– firmó hace años en la ONU un tratado para la destrucción local de las armas de rezago de las fuerzas armadas y de seguridad (muchas de excelente calidad y apreciable valor), cuando históricamente se vendían a través de comercios autorizados a civiles para su uso deportivo o defensa. Hoy en día se mandan a destrucción. Es un tratado del que deberíamos salir cuanto antes, ya que es perjudicial para la Nación y los ciudadanos.

Dependerá de nosotros, los usuarios, frenar todos los avances desarmistas en marcha y los que vendrán, participando en las acciones efectivas realizadas con ese fin. Así lo hicimos oportunamente cuando logramos, mediante un juicio con el patrocinio del Dr. Patricio Kingston, la derogación de las resoluciones ANMaC 23/16 y 54/17 de Gambaro, que habilitaban el psicofísico arbitrario y monopólico a favor de la firma Dienst Consulting. El coronel Jeff Cooper lo sintetizó de buena forma hace muchos años: “Si eliminas todas las armas de la calle, aún tendrás un problema con el delito, pero si eliminas a todos los delincuentes de la calle, no vas a tener ningún problema con las armas”.