Un tema que no se termina más: el desarmismo explícito

En este año electoral estamos presenciando diversas expresiones de candidatos políticos, proyectos de ley y declaraciones de funcionarios. Todas ellas demuestran un desconocimiento total de la problemática de las armas de fuego, a la vez que en casi todos los casos evidencian la interpretación de la Agenda Globalista-Comunista 2030 de la ONU y los mandatos del Foro económico Mundial. Todos los gobiernos que hemos tenido desde 1983 hasta la fecha han contribuido a incorporar el desarme civil como condición necesaria para la “pacificación de la sociedad”. Nada más lejano de la realidad que esa perspectiva. Los hechos cotidianos de inseguridad y delitos contra la población, más las estadísticas, demuestran que esa política de nada sirve y en nada beneficia a la sociedad argentina. 

La policía, el fusible

El relato de los funcionarios se estrella contra las noticias de hechos violentos de cada día. Las Fuerzas de Seguridad (FF.SS.) están desbordadas (basta recordar cómo unos manifestantes boxearon al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni; hacen lo que pueden en la mayoría de los casos. Pero sus integrantes son duramente sancionados si los magistrados consideran que tuvieron un proceder excesivo o incorrecto al responder a las agresiones armadas. Un referente de una de estas fuerzas, ya retirado, comentaba que estando en servicio o de civil, dada su condición no pueden ni deben permitir el escape de un delincuente armado. Esto es porque los delincuentes representan una amenaza contra la sociedad. 

Entonces, los uniformados deben responder no solamente en casos de legítima defensa propia o de terceros, sino también como agentes de prevención del delito. Por lo tanto, la detención de la amenaza que implica un criminal armado con cualquier tipo de arma es prioridad para los integrantes de las fuerzas y es fundamental para la sociedad. Pero así no lo entienden jueces y fiscales garantistas, muchos de ellos de escuela zaffaroniana (la misma que pretende beneficiar al delincuente por sobre el ciudadano honesto), quienes no dudan en liberar a muchos criminales menores o mayores de 18 años, a la vez que castigan severamente a los agentes del orden que cumplieron con su deber.   
Recientemente, en Rosario, Santa Fe, el ministro de Seguridad de esa provincia, Claudio Brilloni, hizo declaraciones que involucran directamente a los legítimos usuarios (LU) en las causas de la violencia creciente que afecta al país. Según Brilloni, “la mayoría de las armas incautadas por la policía pertenecen a civiles que las pierden, las alquilan o las ceden de manera ilegal” (). Algo totalmente falso ya que ningún legítimo usuario prestaría sus armas. La gran mayoría de ellas en uso por los delincuentes provienen de robos a instituciones policiales y otras entidades oficiales. Justamente, en esa provincia desaparecieron alrededor de 1.000.000 de municiones calibre 9x19 mm de arsenales de una fuerza. Y ya habían perdido muchas armas también. Obviamente que de esto no habla, en cambio se encarga de atacar a los tenedores legales. 

Eliminar la tenencia civil

Por su parte, el precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli sostuvo en una entrevista con Luis Novaresio que no participa de la tenencia libre de armas para defensa personal, sino que “nosotros tenemos que desarmar a la población y pacificar a la sociedad”. En el mismo sentido, Patricia Bullrich, en una reciente entrevista, afirmó “no estoy de acuerdo con la tenencia de armas”, cuando en 2018 había dicho: “El que quiere andar armado, que ande armado”. Con esta nueva postura en la que prefiere “que la gente no ande armada” (; minuto 31:07) sostiene el punto 75 del plan de gobierno presentado por Mauricio Macri oportunamente (), que se refiere al desarme civil total. Seguramente por eso el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta manifestó: “No estoy de acuerdo con la libre portación de armas”. 
Por su parte, el Frente de Todos presentó dos proyectos de ley. Uno liderado por Matías Molle, ex director del Registro Nacional de Armas (RENAR), quien a su ineptitud como director de ese organismo (gracias a su gestión desastrosa de un garage de la institución se robaron 200 armas de fuego: ), suma ahora su inoperancia como diputado. El proyecto ordena crear un “programa de promotores de la no violencia y el desarme civil”; generar “la cultura del desarme”. Pero también hay otro proyecto en ciernes: el de varios diputados bonaerenses del mismo partido que entre otras cuestiones “busca desalentar el uso de armas de fuego de juguete y juegos electrónicos”.
A estos dislates llamados proyectos, opuestos al Art. 21 de la Constitución Nacional, se suman otros del partido radical y algunos del PRO, todos diseñados para eliminar, de manera directa o indirecta, la tenencia y uso de armas de fuego por parte de la sociedad civil.

Este exacerbado interés en desarmar a la sociedad civil tiene su origen en la Agenda 2030 de la ONU. Si consideramos su perversión y que los mandatos del Foro Económico Mundial (FEM) tienen entre sus objetivos despojar de derechos civiles a los ciudadanos de todo el planeta, es comprensible que quieran desarmarnos globalmente a todos. Deben eliminar cualquier posibilidad de resistencia por parte de la población (que es mayoría abrumadora). Y para eso deben desarmarnos.
La Argentina integra un grupo de alrededor de 190 países dominados por estas normas globalistas. Todos los candidatos para ocupar puestos de gobierno, y quienes llegan a la presidencia, cumplen a rajatabla la agenda global y los mandatos del FEM. Por ese motivo tienen el mismo discurso con respecto a las armas en poder de la población.

Algunas excepciones

La única excepción por ahora es Javier Milei. Este diputado propone “portación libre”, algo inviable en una sociedad bastante desarmada y con este nivel de delincuencia. Simplemente no es posible permitir portación libre para cualquiera. Es un estandarte de su campaña para obtener más votos, que seguramente no podrá cumplir de ganar las elecciones. No obstante, una buena parte de los legítimos usuarios es atraído por ese discurso. 
En algo de sintonía con los LU, Martín Tetaz asegura que “el que esté capacitado para portar un arma de fuego, debería poder tener tasers. El planteo inicial es que sea para las Fuerzas de Seguridad, pero cuando cambiás el status regulatorio del arma, la habilitás también para una fuerza civil, como la seguridad privada. Esto pasa en todo el mundo, desde Italia hasta Alemania: en donde se autoriza la Taser, se hace para la población civil”. 
Por su parte, la ex asesora del Ministerio de Seguridad y actual integrante del equipo bonaerense de Diego Santilli, Florencia Arietto, propuso la tenencia de armas de fuego como medida para combatir los femicidios y la violencia de género: “Yo liberaría la portación para mujeres víctimas de violencia”. También propuso que dichas mujeres cuenten con instrucción de tiro gratuita por el Estado.
Sin duda, hay que promover la cultura de las armas de manera responsable. Renunciar a tener armas sería renunciar a nuestro derecho a defender la vida, el más importante de todos.