Jueves 8 de diciembre de 2022
ARMAS | 06-11-2022 15:00

Polémica: el relato de la seguridad (o el desarme de civiles) continúa

Se prorrogó el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego: una emergencia nacional que no existe, que atenta contra los derechos de lo ciudadanos honestos y facilita el mercado negro en poder de los delincuentes.
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El 16 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados votó a favor de la continuidad del Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF). Fueron 189 votos a favor, 13 negativos, 1 abstención, 1 sin votar y 53 ausentes. Esta iniciativa mal gestada fue creada allá por 2006, y prescribe entre sus objetivos: 1)  “La disminución del uso y proliferación de armas de fuego”. 2) “La reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego”. 3) “La sensibilización acerca de los riesgos”. 4) “La promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego”.
En su primer artículo figura: “Declárase la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados, durante el término de un año”.

Finalidad del relato

No es necesario demasiado análisis para advertir que lo que se busca con estos preceptos es el desarme total de la población. Y es sabido que los regímenes totalitarios y todas las formas de gobierno que avasallan derechos de los ciudadanos tienen como un objetivo primario el desarme de éstos, con el fin de evitar cualquier posibilidad de resistencia. Los esclavos no tienen armas. Ningún país puede considerarse libre si la población está desarmada. 
Por otro lado, impedir a los ciudadanos ejercer la legítima defensa es impedirles el derecho a la vida (el derecho más elemental e importante). Todas estas acciones de legisladores que simulan querer “una sociedad más segura”, están articuladas siguiendo una agenda global. Es decir, directivas que vienen del exterior (Organización de las Naciones Unidas, Foro Económico Mundial), como por ejemplo las metas económicas que se imponen al país para permitir que se siga endeudando (Fondo Monetario Internacional). Vale decir que lo que menos buscan es la seguridad de los habitantes, sino cumplir con mandatos impuestos. Si la voluntad de quienes legislan fuera una sociedad más segura, se ocuparían de incrementar sensiblemente las penas para los delitos cometidos con armas de fuego, haciendo esas penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo. 

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La primera versión de este despropósito fue impulsada por varios funcionarios que están en el actual gobierno, más otros que han caído judicialmente en desgracia. El mecanismo es el pago de unas sumas de dinero ($ 3.000 a $ 9.000) a quienes entreguen armas “para ser destruidas”, con el relato de así volver cada vez “más segura” a la sociedad. Paradójicamente, sobran los ejemplos de sociedades muy seguras en las que existe una gran cantidad de armas en poder de la población. Los índices de criminalidad más bajos se dan en estos países. Esto es porque los delincuentes no tienen facilitada su actividad criminal por la cantidad de personas armadas en sus casas y en la vía pública. Brasil tuvo una importante reducción de su tasa de delitos luego de la política a favor de las armas en manos de ciudadanos honestos, promovida por su presidente Jair Bolsonaro. Los estados norteamericanos con menos hechos delictivos son los que cuentan con mayor número de ciudadanos armados. Suiza es otro ejemplo: recientemente la República Checa sigue una política de armas similar. Como contraparte, las ciudades del mundo donde más crímenes se cometen son donde la veda de armas es total. 
Las armas son objetos inanimados. Herramientas que pueden usarse para distintos fines, sin ninguna “maldad intrínseca”. Es la mente alienada de quienes las utilizan para delinquir lo que hiere y mata a inocentes. Existen dos tipos de personas que pueden sostener que las armas son malas: los ignorantes y los que pretenden establecer un relato pernicioso para la seguridad y soberanía de la población. 
El PEVAF ha demostrado ser absolutamente ineficiente: no solo no disminuyeron los delitos contra las personas y la propiedad, sino que se han incrementado. Los legisladores de diferentes partidos que promueven este delirio trabajan en tándem con las ONG creadas con capitales externos para lograr el objetivo de una sociedad desarmada: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Red Argentina para el Desarme (RAD) y otras.

Adónde van las armas

Las armas entregadas no son debidamente inventariadas y tienen un destino incierto. No son pocas las personas que aseguran que parte de las mismas han aparecido en hechos delictivos, lo mismo sucede con armas de las FF.AA. y FF.SS. desaparecidas de arsenales militares. Vale decir que las armas están más seguras en los domicilios de los usuarios civiles legales. Respecto de estos últimos, la cantidad de delitos que cometen usuarios inscriptos es mucho menos que despreciable, del orden de 2 diezmilésimos (0,002) por ciento de quienes poseen armas legalmente. De los depósitos del Banco Nacional de Materiales Controlados (BaNMaC) han desaparecido cientos de armas de fuego. Nunca se investiga de forma eficiente cómo sucede esto; nunca se llega a ningún resultado, por lo visto.
La reciente aprobación en Diputados de esta prórroga fue impulsada por los diputados Martín Maquieyra, Ximena García y Mario Barletta, junto con el otro proyecto de Roberto Mirabella. Los tres primeros integran la Comisión de Seguridad Interna. Como es frecuente, los menos idóneos legislan, fallan y reglamentan sobre temas de los que no tienen idea, o se basan en números inventados por las organizaciones desarmistas. 

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Es importante que los usuarios y toda persona relacionada con las actividades de las armas de fuego se expresen, enviando tuits, emails, mensajes a estos legisladores, jefes de bancada, jefes de partido, comentarios en publicaciones, opinando sobre las medidas desarmistas que ni la población ni el país necesitan. Lo único que preocupa a los legisladores es la llegada masiva de mensajes expresando disconformidad e intención de no votarlos. Así sucedió con Macri en las últimas presidenciales, luego de promocionar el punto 75 de su plan de gobierno (desarme total de la población). Recibió un aluvión de tuits y otros mensajes que lo obligaron en cuatro horas a cambiar 180º su posición respecto de la tenencia legal de armas de fuego. Pero ya era tarde. Sin duda, la defensa de nuestros derechos requiere de una participación mucho más activa de los usuarios. 

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Hernán Rodríguez

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