Opinión: criminología y desarme de la población civil, un contrasentido pragmático

Desde hace mucho tiempo viene discutiéndose un tema recurrente en nuestra sociedad y, más concretamente, en el sector político, el cual se refiere al desarme injustificado y arbitrario de la sociedad civil por parte de organismos del Estado Nacional y otras organizaciones cooptadas por pseudos expertos en seguridad.

Todos sabemos que la tenencia y uso de un arma de fuego legalmente registrada exige (por parte del individuo) la responsabilidad y el entrenamiento suficiente como para minimizar de manera extrema cualquier eventualidad negativa que derive de su uso justificado, como lo es la legítima defensa.

Poniendo un ejemplo corriente y diario, vemos que los gobiernos en todo el mundo facilitan la compra y uso de un vehículo a cualquier tipo de persona, lo cual significa que perfectamente a un delincuente, un desequilibrado mental, o a una persona con escasas e insuficientes habilidades le es permitido manejar un vehículo en la vía pública para moverse de un lugar a otro, con los riesgos potenciales y el peligro inminente que eso representa y conlleva.

Teniendo en cuenta lo antes dicho, hay que saber que un vehículo, cualquiera sea el tipo y modelo, representa de forma significativa, implícita y eventualmente un arma impropia, por ser un objeto que puede matar de manera efectiva, cuando se lo utiliza de forma imprudente o negligente, resultando en dolo o culpa. Estas y otras circunstancias comunes y posibles son las que habitualmente generan en ciudad, rutas y autopistas lamentables accidentes que resultan en daños materiales y/o lesiones leves, graves o muertes violentas en el tránsito.

Basta solo con pensar que en una ciudad existen miles o millones de motos, autos, camionetas, ómnibus, y camiones que circulan a distintas velocidades, con diferentes condiciones mecánicas (buenas o deficientes), y en manos de diferentes conductores que pueden o no ser aptos (psicológica y técnicamente) para conducir estos vehículos, los que además interactúan con peatones y ciclistas que a su vez hacen de este combo una situación real y concretamente peligrosa.

No nos olvidemos que en Latinoamérica poseemos el triste récord de accidentes violentos relacionados con vehículos automotores, lo cual significa que existe un control insuficiente, como también la falta de implementación de cursos de manejo efectivos, de tipo técnico y práctico, para que los conductores aprendan a manejar correctamente. Por lo tanto, no solo basta con rendir un examen de manejo muchas veces inútil y arbitrario, condicionado al instructor de turno que nos toca.

Respecto a los vehículos, no vemos a nadie levantar la voz en cuanto a la restricción para acceder y hacer uso de ellos en favor de la seguridad pública, tal vez por tratarse de una industria influyente y millonaria que le reporta al estado sumas de dinero inimaginables mediante la producción y venta (primeramente), y luego por la obligación del ciudadano de pagar y cumplir con impuestos (registro del automotor, verificación técnica (VTV), otorgamiento de licencias, seguros, etc). Vemos entonces y de forma clara que es un doble discurso y una doble moral.

Vehículos sí, armas no

Todo lo anterior permite trazar una analogía con la compra, tenencia y uso de un arma de fuego, lo cual exige un acceso burocrático, técnico, legal y psicológico más que suficiente según la actual legislación. A pesar de ello, las ONG y otros organismos del estado, mal intencionados, pésimamente preparados y arbitrarios técnicamente pretenden desarmar, a los tenedores de armas legalmente registrados.

Esto constituye un hecho grave que debe ser denunciado y afrontado con estudios reales de especialistas de renombre a través de pruebas de campo y documentos de idoneidad indiscutible en el ámbito público y privado. De ninguna manera tenemos que aceptar pseudo o neoespecialistas que nada tienen que ver con el área de las armas de fuego y la seguridad pública, como ciertos sociólogos, periodistas, políticos, psicólogos, politólogos o investigadores ajenos al área específica que pululan por medios de prensa y organismos públicos.

Por el contrario, para discutir temas relacionados a las armas y la seguridad sí deben convocarse abogados penalistas, criminalistas, peritos, tiradores, criminólogos, y miembros de fuerzas armadas, de seguridad y policiales, los cuales estarían aptos técnica y prácticamente para resolver y llevar a cabo acciones efectivas que den respuesta a las problemáticas actuales que se presentan.

Un estado arbitrario, junto con algunas ONGs que pretenden desarmar a los ciudadanos honestos que cumplen con la ley, deben ser formalmente denunciados por connivencia con la marginalidad y la delincuencia, al ser omisivos en su discurso y en la inacción (obvia) contra las organizaciones delictivas que poseen y usan armas ilegales, y que son responsables directas de la inseguridad en nuestro país, la cual abarca delitos como los robos, secuestros, homicidios, extorsión, tenencia, uso, porte ilegal y tráfico, entre otros.

Las armas ilegales en manos de la delincuencia son el verdadero peligro y el real flagelo que golpea a nuestra querida Argentina desde hace ya varios años, y por tal motivo llamo a la reflexión y al rápido accionar a todos aquellos que tienen la responsabilidad y el deber concreto de regular y controlar el mercado legal de armas, para que dejen en paz y de forma definitiva a todos aquellos tenedores y legítimos usuarios que cumplimos con las normas establecidas por la Ley Nacional de Armas y Explosivos y nuestra Constitución Nacional, y se ocupen enérgicamente y de manera seria de combatir el tráfico ilegal de armas y las organizaciones delictivas que las poseen.

Teniendo en cuenta esta realidad innegable, repito una vez más y afirmo que las armas en manos de ciudadanos legalmente registrados no representan peligro alguno o influyen negativamente en la seguridad pública, y que mi fundamento en tal sentido está respaldado por una experiencia documentada de más de 37 años, basada en el estudio, la interacción y la realización de trabajos técnicos, científicos, sociales y prácticos como profesor universitario, tirador, perito oficial de fuerzas de seguridad y judicial, como así también de parte en los diferentes fueros, además de consultor técnico y escritor especializado dentro de Argentina y países extranjeros como Brasil y México.

Finalmente, los ciudadanos de bien no debemos dejar que los políticos de turno y ONGs con su ineptitud, desconocimiento y mala fe limiten nuestros derechos fundamentales contenidos en la Constitución Nacional en favor de intereses propios personales y en contra del bien común. Debemos recordar que los políticos deben estar al servicio de los ciudadanos que los votaron y no al revés.

El autor es perito forense, experto en armas, criminólogo y escritor especializado.