La historia es antigua. Data de principios de Siglo XVI y cuenta que el rey Carlos V de Francia recriminó a un relojero el haber representado en la esfera al número cuatro con IV El artesano le aseguró que era así, recibiendo como respuesta “El Rey nunca se equivoca”. A partir de allí, en la mayoría de los relojes que utilizan números romanos en su esfera, el cuatro es IIII.
Otra historia, mucho más actual, relata que un funcionario corrupto puesto en su cargo por un Director Nacional y con el aval de un Ministro provincial, se quedó con un dinero que no le correspondía. Efectivamente, Carlos Dini -ex Director Regional de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)-, fue despedido el 28 de octubre de 2019 y se encuentra imputado por abuso de autoridad, defraudación, administración fraudulenta, falsedad ideológica, falsificación de sellos y malversación de caudales públicos.
La metodología empleada consistió en expedir las Credenciales de Legítimo Usuario, cobrar el estampillado correspondiente y no enviar el expediente a la sede central para así no tener que rendir lo recaudado.
Pero como en este caso también el Rey cree nunca se equivoca, en lugar de asumir la responsabilidad por lo actuado por un dependiente y buscar subsanar la irregularidad, las autoridades vuelcan la carga hacia el ya sufrido Legítimo Usuario, cuyo único pecado fue hacer las cosas como marca la ley.
Mediante la Disposición ANMaC N° 46/21, se obliga a los usuarios que hicieron sus trámites de renovación en ese lapso de alrededor de dos años, a realizarlos de nuevo ya que desconocen la validez de las credenciales emitidas, revocándolas.
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Así la ANMac intima en plazos irrisorios (15 días) a regularizar la situación, bajo amenaza del secuestro del armamento. Pero… en un acto magnánimo –digno de un monarca–brinda la posibilidad de que, si usted presenta la documentación que entregó en esa oportunidad, reconocen la validez del trámite y le emiten una nueva CLU.
Esta vez su majestad nuevamente se equivoca al desconocer los procedimientos que él mismo ha estipulado. Para realizar el trámite, hay que presentar certificados de aptitud psicofísica, de idoneidad de tiro, de medio de vida lícito y de antecedentes penales. Bien… hay que entregar dicen, pero al usuario no le quedan en su poder los “duplicados” de los mismos. ¿Entonces? La única posibilidad que brinda la agencia es que realice todo nuevamente, con el perjuicio económico que eso significa, más los inconvenientes de recorrer -en algunos casos- cientos de kilómetros dentro de la provincia para cumplir con lo exigido. ¿Dónde quedó la responsabilidad del Rey por los daños causados por el accionar ilícito de su dependiente?
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