De acuerdo con un reciente informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante el pasado mes de abril la industria pesquera registró un incremento del 62,3% en relación con el mismo mes del año pasado, en tanto que esta curva ascendente podría crecer aún más en los próximos meses.
A pesar de esta buena noticia, varias organizaciones del sector como así también de entidades ambientalistas y empresarios están muy preocupados ante la ausencia de controles contra la pesca que se lleva a cabo más allá de la milla 200, en aguas internacionales, por lo que están exigiendo la aprobación de una ley de trazabilidad de pesca que, curiosamente, si bien cuenta con el dictamen favorable en Diputados, aún no fue tratada en el Congreso de la Nación.
“La trazabilidad tiene cuatro fines específicos: garantizar la seguridad alimentaria; luchar contra la pesca ilegal y no regulada; garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y combatir los abusos laborales, el trabajo esclavo y las violaciones de los DDHH de los tripulantes”, comentó la diputada Ximena García, en una entrevista a TN..
“La problemática central en torno a la pesca son las flotas extranjeras que depredan en la frontera de la zona económica exclusiva, dentro del mar argentino, en una escala que atenta contra la sostenibilidad del recurso y que lo hacen sin autorización, licencia y con artes de pesca prohibidas”, agregó quien es una de las voces que más apoya la sanción de la normativa.
De hecho, según señaló García, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que viene exigiendo desde hace meses la sanción de esta ley, ya reportó más de 500 embarcaciones extranjeras ilegales que operan en el borde exterior de la zona marina.
Por su parte, según el informe “Redes sospechosas: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial” elaborado recientemente por Financial Transparency Coalition, el 54% de la depredación pesquera se realiza desde barcos asiáticos, particularmente chinos y en condiciones infrahumanas.
En tanto que, en el caso puntual de la Argentina, los especialistas afirman que nuestro país pierde entre unos 2.000 a unos 3.600.00 millones de dólares por año, como consecuencia de la pesca ilegal en sus aguas.
Al respecto, Eugenia Testa, la máxima autoridad del CPA, destacó que tanto la pesca ilegal, como el mercado negro que tiene lugar en su alrededor, provocan un enorme daño no solo a los empresarios pesqueros, sino a toda la economía argentina, al tiempo que también ocasionan un gran daño al medio ambiente y al ecosistema marino, como consecuencia de la falta de sistema de control y regulación.
“La depredación sin control termina por despoblar y destruir la biodiversidad local. Hay dos cuestiones importantes por los que tiene que salir esta ley: para ampliar los mercados argentinos a nivel global y para la protección de los ecosistemas”, comentó la especialista.
“Hoy, los mercados están más exigentes y van a frenar la pesca que no es rastreable. En la pesca ilegal hay sustitución de especies o mal etiquetado. Te venden una especie, como por ejemplo la merluza, pero es otro tipo de pescado que es tiburón o raya. Y no es un tema solo de salud pública, sino que se pescan especies que tienen otra tasa de reproducción. Los tiburones están en peligro de extinción y además son los depredadores topes. Sin ellos, se desconfigura el ecosistema”, concluyó Testa.
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