África concentra el 48,9 % del total de las embarcaciones industriales y semiindustriales identificadas que participan en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR o IUU por sus siglas en inglés), según señala un reciente informe elaborado por la Coalición para la Transparencia Financiera de EE.UU, (FTC, por sus siglas en inglés), institución fundada en 2009 que está conformada por 11 organizaciones no gubernamentales de diferentes regiones del mundo, cuyo objetivo central es reducir los flujos financieros ilícitos mediante la promoción de un sistema financiero transparente, responsable y sostenible que funciona para todos.
Titulado “Redes pesqueras: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial”, el análisis más complejo de casos de pesca INDNR que se ha realizado hasta el presente revela que las 10 principales empresas involucradas en la pesca INDNR o IUU concentran casi una cuarta parte de todas las embarcaciones reportadas: ocho son de China, una de Colombia y otra de España, las cuales recibieron millones de dólares en subsidios por parte de la Unión Europea y de otras instituciones.
“El 40 % del total está concentrado solo o en África occidental, que se ha convertido en un epicentro mundial de estas actividades ilegales”, señala el informe.
“La pesca ilegal es una industria masiva que amenaza directamente el sustento de millones de personas en todo el mundo, especialmente las que viven en comunidades costeras pobres en países en desarrollo ya afectados por la pandemia de Covid-19, el costo -crisis de vida y el impacto del cambio climático”, señaló Matti Kohonen, director ejecutivo de la FTC.
Por su parte, en referencia a los países en desarrollo -entre los cuales está incluida la Argentina-, el informe da cuenta de que, anualmente, pierden miles de millones de dólares en flujos ilícito directamente relacionado con esta práctica ilegal. Así, mientras en el caso de Africa las pérdidas rondan los 12.000 millones de dólares y en Indonesia la cifra alcanza los 4.000 millones, en nuestro país las pérdidas rondan los 2.000 millones de dólares.
“Los países en desarrollo pierden miles de millones de dólares, pero los propietarios de embarcaciones continúan operando con total impunidad, utilizando estructuras empresariales complejas y otros esquemas para ocultar su identidad y evadir el enjuiciamiento”, agregó Kohonen.
Por último, el informe advierte que casi ningún país del mundo exige información acerca de los propietarios al momento de registrar las embarcaciones o solicitar las respectivas licencias de pesca, lo que implica que los responsables finales de estas actividades no son ni identificados ni sancionados, lo que, a menudo, genera grandes multas para los capitanes y para la tripulación de las embarcaciones.
“Si bien tanto la Unión Europea como Estados unidos exigieron medidas contra los propietarios de las embarcaciones IUU, el marco para identificar a los propietarios finales de las embarcaciones todavía no existe”, comentó Alfonso Daniels, autor principal del informe,
“No se dispone de información de los accionistas, ni siquiera para algunas de las empresas más grandes vinculadas a la pesca ilegal, incluidas las europeas, con embarcaciones que a menudo son propiedad de múltiples subsidiarias sospechosas registradas en lugares como Curazao y Panamá, lo que refleja la naturaleza en gran parte ilegal del sector pesquero, algo que necesita para terminar", concluyó el especialista.
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