El desarme del legítimo usuario avanza en la Argentina

Mediante el Convenio CONVE-2024-139799628-APN-ANMAC#MSG, de fecha 20/12/2024, denominado “Convenio Colaboración Institucional Gendarmería Nacional-Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)”, el organismo de control estatal de armas de fuego y otros materiales registrables acordó transferir las inspecciones de usuarios individuales, comerciales, colectivos y fábricas de elementos controlados a la Gendarmería Nacional (GN). Esta decisión no sería de relevancia de no ser por los antecedentes que esa fuerza ha tenido respecto de operativos llevados a cabo contra usuarios registrados. Es que, lamentablemente, los distintos gobiernos han delegado tareas que no son ni deben ser asignadas a esta fuerza. 
Gendarmería Nacional fue creada como una policía militarizada de fronteras. Su misión era custodiar los límites del país y evitar delitos como el contrabando, tráfico de elementos prohibidos y el ingreso de ilegales. Desde principios de este siglo se le han asignado tareas específicas de las policías jurisdiccionales, controles en rutas y otras tareas que no corresponden a los objetivos buscados en su creación. Esto genera conflictos como, por ejemplo, solicitar a usuarios legales que se trasladan en las rutas la tarjeta de Control de Consumo de Municiones al detectar la presencia de éstas, más allá de que –de acuerdo con la Ley 20.429– este requisito no es exigible en estos casos (alcanza con la Credencial de Legítimo Usuario, CLU, al día y la tenencia del arma de ese calibre). 

En la causa muy mediática denominada “Operación Palak”, de 2019, la fuerza cometió arbitrariedades y graves errores de procedimiento. En un principio, involucrando a legítimos usuarios coleccionistas por el sólo hecho de figurar en una agenda, tarjeta o llamada telefónica. La investigación la realizó esta fuerza, pero lamentablemente el jefe a cargo de este desquicio falleció. No sólo se involucró a gente inocente, que aún no fue llevada a debate sin ninguna prueba concreta de formar una asociación ilícita, sino que además las armas secuestradas como evidencias (casi todas registradas) no fueron preservadas en bolsas precintadas como requiere la Justicia. Como si esto fuera poco, desaparecieron armas en custodia y estaría probado que algunas presentan adulteraciones (posteriores a su secuestro) en su numeración. Esto es consecuencia de asignar personal no preparado a realizar tareas que no le corresponden. 
La causa mencionada es un verdadero bochorno para la justicia argentina y para la fuerza (además de un drama interminable para los afectados). Y no es la única. Por todo lo descripto, no parece ser la mejor idea asignarle a esa institución armada las inspecciones que antes realizaba personal especializado de la ANMaC. Además de inspeccionar, GN tendrá acceso irrestricto a la base de datos de todos los usuarios de armas de fuego del país, aunque manteniendo un acuerdo de confidencialidad respecto de este sensible archivo. Por lo tanto, los riesgos de filtraciones o hackeos de la información se verán multiplicados.

Proyecto de Ley

En otro ámbito, un diputado de córdoba, Oscar Agost Carreño (Propuesta Republicana), contando con la firma de los diputados Miguel Angel Pichetto, Ricardo López Murphy, Yamila Ruiz, Juan Fernando Brügge, Carlos Mario Gutiérrez, José Ignacio Arezca, Alejandra Torres, Mónica Fein y Esteban Paulón, presentó un proyecto de ley, titulado “Tipificación del tráfico nacional e internacional de armas de fuego y delitos conexos”. Esto no es otra cosa que un intento del desarmismo en contra de la tenencia de armas en poder de los ciudadanos honestos. 

La real autoría del proyecto, según fuentes políticas confiables, sería del fiscal Gabriel González Da Silva, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego y demás Materiales Controlados (UFIARM). Por razones de espacio no podemos publicar la totalidad del texto, pero mencionaré algunos puntos destacables que demuestran la inviabilidad de la propuesta, no sin antes manifestar que todo proyecto de estas características está destinado a castigar y criminalizar al ciudadano honesto, a los hombres y mujeres de bien. Esto es así porque a los delincuentes se los juzga siempre por los delitos más graves: asaltos, robos, asesinatos, atentados, etc. Sus penas pueden agravarse con el uso de armas o materiales controlados. Pero nunca se los condena con una pena adicional por ese uso. Vale decir que a quienes se pretende sancionar penal y económicamente es a la gente sin antecedentes.

También los repuestos

El proyecto del fiscal presentado por Agost Carreño sanciona con años de prisión, inhabilita en años el legajo de usuario e impone multas a quienes tengan en su poder cualquier tipo de repuesto de arma no autorizado (sin importar si son o no partes principales). Vale decir que, si un usuario viaja al exterior y trae un alza o un tornillo para el arma de un amigo, se expondrá a una pena de prisión, una inhabilitación como usuario legal y a pagar una cantidad de dinero equivalente a las unidades ANMaC que fija el proyecto. 
Las miras telescópicas quedan sujetas a autorización expresa, lo mismo que cualquier pieza o componente de arma o munición. Vale decir que, si un usuario tiene una munición de un calibre no autorizado o una parte de la misma, ya será pasible de ser condenado de acuerdo con la compulsividad punitoria del fiscal González Da Silva. Lo mismo para cualquier elemento, accesorio o repuesto que pueda ser acoplado a un arma, ya sea que estén acabados o semiacabados. Agrava penas en casos de tenencia y/o portación de armas de fuego (lo que no afecta a los delincuentes). Fija la figura de acopio en más de cuatro armas de fuego y de 100 municiones, sanciona penalmente la tenencia del tambor de un revólver o un cerrojo, o componentes del cierre de un arma de fuego. Y realizar un disparo con un arma, si herir a nadie, tiene una severa sanción también.

Quiero creer que esta barbaridad del desarmismo extremo no tendrá sanción favorable en el Congreso. Los usuarios de armas deberían activarse y enviarles mensajes de repudio al proyecto a todos los legisladores que lo firmaron. Lo mismo, sería saludable escribirle al Procurador General de la Nación, Av. de Mayo 760, CABA, teléfono +54 11 4 338-4300, para expresarle nuestra opinión respecto del proyecto ideado por el fiscal. 
Como dato de color, al menos dos de los diputados firmantes de este proyecto contarían con CLU, tenencias y permisos de portación de armas de fuego.      

Profesor-Instructor de tiro. Experto en armamento UTN. Mecánico armero. Perito particular.