Según el coronel Pablo Font, al frente del Registro Nacional de Armas de Uruguay (RNA) –organismo dependiente del Servicio de Material y Armamento del Comando General del Ejército del vecino país–, durante 2019 se destruyeron 5.208 armas, 976 más que el año anterior. "Es frecuente, a diario o varias veces por semana que se presenten particulares en el RNA o en unidades militares del interior del país para entregar armas para su destrucción dentro de un plan de entrega voluntaria. Se estima que en Uruguay hay unas 600.000 armas registradas", explicó el funcionario en una nota concedida al diario El Observador de dicho país.
Según Font, las armas provenientes de secuestros a cazadores que cometen infracciones son derivadas a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, las mismas pueden tener orden judicial para su destrucción o –de corresponder– quedar durante tres años en el depósito judicial a espera de una resolución. Ese es el plazo máximo que establece la ley para las armas que se incautan.
En cuanto a las armas que forman parte de procedimientos judiciales, cualquiera sea el caso, el mismo juez de la causa puede decidir su destrucción o, en su defecto si quedan en depósito, pasados los tres años pueden ser destruidas. Del total de las armas incautadas que están en el RNA, a lo largo del año pasado 580 fueron devueltas a sus propietarios o al Ministerio del Interior, y este año, hasta el mes de junio, ya llevaban regresadas 38. "El titular de esa arma la puede solicitar y, si la Justicia está autorizada, tiene permisos, tenencia y toda la documentación, puede ser devuelta", explicó Font.
En tanto, en la Argentina, si bien según datos oficiales en 2019 había 1.618.877 armas registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), de las cuales el 84 % pertenecen a civiles, se estima que hay otra cantidad similar de armas ilegales y/o no registradas. Pero la misma ANMAC, que fue creada en 2015 para sustituir al viejo Registro Nacional de Armas (RENAR), tiene registradas tan solo 1.016.843 personas autorizadas a tener armas, lo que indica, a las claras, que la mitad de esas personas cuenta con más de un arma en su poder. Además, se estima que hay otras 1.600.000 armas ilegales, cifra que el ente registral suele informar, sin certeza de que sea esa cantidad ya que es imposible de confirmar fehacientemente. Un dato importante es que de las armas registradas, el 99 % se encuentra en poder de hombres mientras que el 1% restante en manos de las mujeres.
Para intentar echarle un poco de luz al tema, creado en el 2007 bajo la órbita del entonces ReNAR, funciona el hoy rebautizado Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (PEVAF) que tiene como objetivo reducir el circulante de armas en la sociedad mediante la entrega anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico que oscila entre los $ 1.200 y los $ 3.000, a excepción, entre otras, de las que tengan faltante de piezas principales, sean de fabricación casera o irregular, electrónicas, químicas, de fogueo, aire o gas comprimido, por cuya entrega no recibirán nada a cambio. En general, toda cifra informada por los responsables del organismo, en cuanto a destrucción de armas, no refleja la efectividad del Plan de Entrega Voluntaria en nuestro país, ya que gestiones anteriores incluían en la cantidad final las entregadas por policías provinciales y fuerzas armadas por renovación de su armamento.
Para tener un parámetro, en el primer año de funcionamiento de la Agencia de Materiales Controlados –2015–, se destruyeron la cantidad de 46.352 armas de fuego. Pero como indicara en la oportunidad el entonces Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, más de la mitad de las armas destruidas intervinieron en delitos y proceden de distintos departamentos judiciales bonaerenses. También se incluyó un lote correspondiente a depósitos policiales de la Provincia de Buenos Aires. El resto son armas dadas de baja por la policía de Córdoba, con un remanente del Programa Nacional de Desarme Voluntario, en tanto que unas 400 armas también provenientes del delito fueron trasladadas desde Corrientes.
Hasta la actualidad y desde su implementación en el 2007, se estima que la cantidad de armas destruidas por ReNAR en su momento y posteriormente por la ANMaC, supera las 350.000. El dinero obtenido por la venta del acero proveniente de la fundición del armamento, es donado al Hospital Garrahan.
Finalmente, si nos basamos en datos comparativos, veremos que Uruguay tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes y 600.000 armas registradas, mientras que la Argentina aloja 44 millones de personas que poseen 1,6 millones de armas registradas. En porcentaje, 0,17 % de la población uruguaya tiene armas, versus 0,035 % de la argentina. Es decir, los uruguayos son cinco veces más “fierreros” que los argentinos.
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