Sábado 10 de junio de 2023
ARMAS | 18-03-2023 15:00

Más desarme civil: ahora van por los cuchillos

Un nuevo proyecto de Ley pretende prohibir la portación de cuchillos, arcos, ballestas, réplicas de armamento de fuego y de aire comprimido. No hacen falta más restricciones. Hace falta que la Ley vigente se imponga ante los que la violan.
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El compromiso de nuestros legisladores con la agenda globalista 2030 no tiene límites, al punto de que llegan a presentar proyectos inviables, ridículos y que lo único que logran es desperdiciar el dinero de los contribuyentes en normas pedidas desde el exterior por quienes quieren dejar a los civiles de todos los países totalmente indefensos y desarmados frente a las arbitrariedades que quieren imponernos. 
Tal es el caso del proyecto de Ley presentado por el diputado Juan Martín (UCR Santa Fe). Este legislador lanzó recientemente una propuesta para prohibir la portación de cuchillos, armas de plástico o réplicas de armas de fuego. Martín, entre otras medidas, propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar la portación de armas blancas. Es recurrente entre los desarmistas con los que convivimos en este país asumir que el problema de la criminalidad existente y en aumento se debe a los elementos utilizados por los delincuentes. Esto no es más que una burda excusa para desarmar totalmente a la población (el objetivo real). Esta perseverancia en desarmar a todos los ciudadanos (menos a su casta y a sus custodios) se debe a las medidas globales de avasallamiento de derechos individuales que pretenden extinguir en el presente y a futuro. Las normas restrictivas solo afectan a los ciudadanos que están dentro de la Ley. Los criminales no tienen ningún tipo de reparo en armarse con toda clase de elementos. Siempre se los juzga por el delito más grave, no por portación de armas, o a lo sumo sería un agravante del delito mayor.

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Los legisladores radicales que firman este proyecto proponen incorporar al Código Penal que los portadores de armas blancas, objetos cortantes y contundentes, sean reprimidos con prisión de seis meses a dos años y una multa de $ 50.000 a $ 100.000. Asimismo, pretenden la misma pena para quien provea estas armas a menores de 18 años. Por otro lado, quieren establecer que la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas sea penada con prisión de 1 a 3 años de cárcel y multa de $ 100.000 a $ 250.000.

Textual

El diputado Martín, como argumentos que justifican su propuesta, adujo textualmente: “Nuestro Código Penal tiene más de 100 años, los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada. La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo, pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hacen falta determinación y firmeza”. Estas palabras me recuerdan a la frase de Julio Bárbaro: “La mediocridad supera al talento”. La Policía tiene la facultad de detener a cualquier persona si se encuentran razones que permitan suponer que está cometiendo algún delito, a fin de establecer su identidad y verificar que no tenga antecedentes, de acuerdo con la Ley 23.950 de 1991. 
Como si esto fuera poco, el proyecto de ley del diputado Martín pretende imponer también una sanción a quienes porten armas de aire o gas comprimido, ballesta o elementos similares, como así también réplicas de armas de fuego. Así que esto solo generará arbitrariedades contra muchos ciudadanos. Sin ir más lejos, cualquier adulto que le facilite un cuchillo de mesa a un menor podría ser pasible de una pena, de acuerdo con el texto de este proyecto. Esto puede extenderse a otras herramientas con filo, que bien podrían convertirse en “armas impropias”, como ser cutters, trinchetas, gubias, leznas, picahielos o cualquier elemento punzocortante. Los carniceros podrían ser intimados a obtener permisos especiales para sus elementos de trabajo, de acuerdo con este despropósito presentado. 

Quiénes firman el proyecto de Ley 

Como ocurre con las armas de fuego, se pretende prohibirlas en lugar de sancionar como se debe a los delincuentes que las usan para agredir o causar la muerte a ciudadanos de bien. Las armas son herramientas inanimadas. Prohibirlas solo impide que las personas de bien se defiendan de quienes quieren delinquir y atentar contra su seguridad personal, afectando su derecho a la vida, el más importante de los derechos. Acompañan con su firma a Martín en este proyecto los representantes: María Luján Rey, Gabriel Chumpitaz, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Jimena Latorre, Lidia Ascárate, Aníbal Tortoriello, Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray. Es muy importante que todos los usuarios del ambiente de las armas de fuego, blancas y coleccionistas de réplicas y los comerciantes le hagan saber su discordia a los mencionados legisladores. 
La UCR (y en muchos casos el PRO) mantiene una tradición en lo que hace a presentar, con sus diputados y senadores, proyectos de desarme que nadie necesita y que a nadie en el país benefician. Tampoco el kirchnerismo es ajeno a esto, ya que la sanción de la Ley 27.192 de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) es repudiable totalmente y debería ser derogada de inmediato. Solo contribuyen a establecer una agenda global que será absolutamente totalitaria si se aplican sus mandatos. Lo grave es que pareciera haber un consenso entre todos los partidos para llevarlo a cabo. Se derrochan recursos en dislates como este proyecto que podrían utilizarse para el bien común en lugar de destinarse a hacer prevalecer foráneos fines nefastos.

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No son aislados los comentarios de especialistas en Seguridad Pública respecto de que el desarme en progreso solo logrará que todas las armas sean poseídas de manera ilegal, sin límites en cuanto a su letalidad y sin control de ningún organismo del Estado, que va a ignorar quiénes las tienen. El riesgo del desarme total es que se constituya un tráfico de armas (y quizás explosivos), por medio de quienes siguen traficando drogas impunemente desde hace décadas. 

Demanda de la Asociación del Rifle

Paralelamente la Asociación del Rifle Argentina presentó un Amparo Colectivo (expediente Nº 12/2023) en el Fuero Contencioso Administrativo Federal contra los aumentos desproporcionados de aranceles, enumerados en la Disposición 204/22 de la ANMaC, tal como mencionamos en una nota anterior. La finalidad es anular los excesivos incrementos de los aranceles de los trámites que se realizan en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. 
Hasta el cierre de esta edición es la única asociación que ha presentado algo en defensa de los usuarios con referencia a los aumentos. La directora de la ANMaC reconoce en la disposición un aumento por inflación de aproximadamente 600 % desde el último. Pero ocurre que hay rubros cuyos aranceles han sido incrementados en un 10.000 % y quizás más. Esto no hace más que perjudicar a los usuarios que menos tienen, discriminándolos desde los aranceles. Nada justifica semejante aumento, a no ser que sea parte de la estrategia del desarme del gobierno y sus funcionarios del área.

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Hernán Rodríguez

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