El 4 de mayo del corriente año y bajo el número de expediente 0195/D/2020, el diputado por La Rioja, Julio Enrique Sahad, presentó un proyecto de ley con la intención de –según declara en el Sumario– la “Eliminación de las armas de fuego ilegales y registración de las legales”. Para ello, los objetivos enunciados en el Art. 1° son: “a) Eliminar las armas de fuego ilegales en la República Argentina, b) Fomentar la registración de armas de fuego legales en poder de la ciudadanía, c) Establecer condiciones de seguridad en la práctica del tiro y d) Promover la práctica del deporte en general y del tiro deportivo en particular”.
Algo que, a simple vista, los Legítimos Usuarios (LU) sin duda tendríamos que avalar. Pero a medida que se avanza en la lectura del texto, encontramos que el legislador hace gala –siendo bien pensados– de un total desconocimiento de la materia. Lo que es de extrañar, ya que es el presidente del Tiro Federal de La Rioja y, como él mismo declara, un destacado tirador deportivo con años de práctica en la disciplina.
¿En que basó tal afirmación? Veamos… “Artículo 5º: Todo legítimo usuario de armas de fuego deberá someterse de manera anual a las evaluaciones de idoneidad técnica, física y psicológica a que se hace referencia en el artículo precedente. Las evaluaciones de idoneidad técnica, física y psicológica a las que sea sometido un legítimo usuario, o un aspirante a serlo, deberán ser llevadas a cabo en las instalaciones de la asociación de tiro de la que sea socio (…..)”. O sea, la condición de Legítimo Usuario –con lo que ello implica– tendría que ser renovada anualmente, en lugar de cada cinco años como se requiere ahora y, como si fuese poco, conlleva la obligación implícita de ser socio de una entidad de tiro.
Por si no queda claro esto último, el diputado Sahad lo ahonda en este punto: “Artículo 8º: El importe anual de la cuota básica que cada legítimo usuario de armas de fuego deberá abonar a la asociación de tiro a la que pertenezca será el equivalente, en moneda de curso legal en la República Argentina, al precio más bajo de venta al público de cien (100) litros de nafta súper de 95 octanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cuota será abonada en doce (12) pagos iguales, mensuales, anticipados y consecutivos o en menos pagos. Cada asociación de tiro podrá incrementar el valor de la cuota en función de los servicios y las instalaciones de los que hagan uso sus socios y de lo que cada una de ellas considere necesario para el mantenimiento de la institución. El valor de la cuota será actualizado semestralmente cada primer día hábil de enero y cada primer día hábil de julio (...)”.
Analicemos... No sólo pretende obligar a los LU a ser socios de una institución, también le fija a esta la cuota mínima, interfiriendo en el libre albedrío de una “persona jurídica” y a lo que sus directivos dispongan ¿Increíble no? Como si su finalidad principal no sea notoria a esta altura del texto, el Artículo 9° aclara que “la falta de pago de tres cuotas consecutivas a que se hace referencia en el artículo precedente será causal suficiente para la suspensión del Legítimo Usuario de su condición de tal”. Como necesita de la aprobación de parte de la bancada oficialista –ya que Sahad pertenece a la oposición–, propone que las asociaciones de tiro coparticipen “el treinta por ciento (30 %) del valor de la cuota mencionada al Estado Nacional (...)”. Es inútil ahondar en otros detalles, ya que la indisimulada intención del legislador es financiar con los costos de las renovaciones anuales a las entidades de tiro, entre ellas… a la que él preside.
De esta forma, sus enunciados propuestos de la “eliminación de las armas de fuego ilegales y registración de las legales”, pasan a ser una mera declaración y no su interés primordial. Seguramente prevalecerá la cordura –eso espero–, porque de aprobarse este proyecto y convertirse en Ley, lo único que se conseguirá será dejar fuera del sistema a miles de Legítimos Usuarios que hasta el momento se mantuvieron dentro de lo dispuesto por la legislación vigente.
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