El Senado aprobó el pasado 15 de mayo una serie de modificaciones a la Ley 20.429 de Armas y Explosivos, que ya habían recibido media sanción en Diputados durante 2024. Los cambios apuntan principalmente a dos temas: la regularización de armas no registradas y la continuidad del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF).
La votación estuvo lejos de ser unánime. El proyecto avanzó con 40 votos a favor y 26 en contra. Acompañaron la iniciativa La Libertad Avanza, UCR, PRO, Provincias Unidas, Neuquén Federal, Primero los Salteños y el Frente de la Concordia de Misiones. En cambio, el interbloque peronista y Convicción Federal votaron negativamente.
Durante el debate, la senadora Carolina Losada destacó la continuidad del PEVAF, un sistema que permite entregar armas y municiones de forma anónima, sin sanciones ni multas, y con un incentivo económico para quienes participen. También recordó que el material recibido debe ser destruido, tal como establecía el plan original lanzado en 2007.
Desde la vereda opuesta, el senador desarmista Martín Soria cuestionó el proyecto y vinculó el crecimiento de armas registradas y de importaciones con la política del Gobierno nacional. Según señaló, las armas legalmente registradas crecieron un 42 %, mientras que las importaciones aumentaron cerca de un 300 % respecto de 2023. El cierre del debate estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien defendió la iniciativa como una herramienta para ordenar y digitalizar el sistema registral.
Qué cambia concretamente
Uno de los puntos centrales de la ley es la creación de un plazo de 360 días para regularizar armas y piezas registrables que estén fuera del sistema, o con documentación vencida o irregular. Durante ese período no habrá sanciones penales ni administrativas para quienes inicien el trámite de regularización.
Sin embargo, quienes no sean legítimos usuarios deberán tramitar esa condición al mismo tiempo que soliciten la tenencia. El Registro Nacional de Armas (RENAR) también podrá secuestrar el material declarado si detecta impedimentos legales o técnicos.
La norma además extiende el Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027 y simplifica algunos aspectos relacionados con piezas heredadas, que ahora podrán incorporarse al sistema sin menciones específicas adicionales. La intención de regularizar armas fuera del sistema parece razonable. El problema, según muchos usuarios y especialistas, es cómo se implementa.
El reempadronamiento de armas ya existe desde hace décadas. Siempre hubo mecanismos para volver a registrar armas con papeles incompletos o desactualizados. Por eso, la principal duda que surge ahora tiene que ver con el límite de tiempo. ¿Qué ocurrirá después de esos 360 días? ¿Las armas que no entren al sistema durante ese período quedarán definitivamente fuera de la ley? Ahí aparece una de las mayores críticas al proyecto: en vez de facilitar una regularización permanente, se establece una ventana corta que podría terminar dejando más armas en la clandestinidad.
La experiencia demuestra que muchas armas pasan años guardadas en casas de familia, especialmente por herencias, sucesiones trabadas o falta de información. En numerosos casos ni siquiera existe intención de ocultarlas: simplemente los trámites son complejos o imposibles de completar. También genera debate la decisión de destruir todas las armas entregadas al PEVAF. Para quienes impulsan una visión más técnica del tema, no todas deberían terminar fundidas. Algunas podrían evaluarse como inutilizables y otras, en cambio, podrían subastarse entre usuarios habilitados, generando recursos para áreas sensibles como salud o educación. Después de todo, un fusil viejo no toma decisiones por sí solo. El problema siempre está del lado humano, no del acero.
Otro punto pendiente es el de las armas imposibles de transferir: casos de herederos ausentes, titulares fallecidos o personas desaparecidas.
Allí podría existir algún mecanismo especial tipo “usucapión”, con una tenencia anual y publicación de edictos. Y al cabo de ese tiempo otorgarse la tenencia definitiva al solicitante. Con esta posibilidad se permitiría regularizar la tenencia de muchas armas que en estos momentos resulta imposible legalizar, y se evitaría que queden atrapadas para siempre en un limbo legal. La nueva ley intenta ordenar un sistema complejo y atrasado. Pero, como suele pasar en estos temas, la discusión recién empieza.
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