La Prefectura Naval Argentina actualizó las normas y formularios utilizados por el Registro Nacional de Buques. La Ordenanza N° 1/26 (DPSN), Tomo 2 “Régimen Administrativo del Buque”, deja sin efecto la histórica Ordenanza N° 9/02 y adapta el sistema registral al nuevo REGINAVE y a una administración cada vez más digital. Para el propietario de una lancha, un yate o una embarcación deportiva, el cambio no es solamente administrativo. Algunas modificaciones simplifican los trámites, otras incorporan nuevas obligaciones que conviene conocer.
Uno de los cambios más visibles es que los trámites ante el Registro Nacional de Buques deberán realizarse, como regla general, mediante Trámites a Distancia (TAD). La presentación presencial queda reservada para situaciones excepcionales y debidamente justificadas, como limitaciones de acceso tecnológico o trámites que requieran documentación original. La información digitalizada será centralizada en el Registro Nacional de Buques. Para el usuario esto significa menos viajes a Prefectura y mayor trazabilidad del expediente. Pero también aumenta la responsabilidad del propietario sobre la documentación presentada y el seguimiento del trámite. En definitiva: menos ventanilla, pero mayor responsabilidad del usuario.
Modificación del límite
La nueva normativa adapta las categorías registrales al REGINAVE. La Matrícula Nacional comprende ahora buques de 3 o más toneladas de arqueo bruto, mientras que el Registro Especial de Yates (REY) incluye embarcaciones de 3 o más destinadas al deporte, recreo y actividades relacionadas. Las unidades de menos de 3 toneladas de arqueo bruto pasan a inscribirse en los registros electrónicos jurisdiccionales de Prefectura. Esto tiene una consecuencia concreta: las embarcaciones de arqueo bruto 2 que actualmente están matriculadas en REY deberán reinscribirse en los registros jurisdiccionales dentro de un plazo de dos años. Para sus propietarios es importante esta modificación, ya que contrae una posible baja de la embarcación: se trata de un cambio en el sistema registral que requiere realizar el trámite correspondiente dentro del plazo establecido.
Cambios más favorables para los propietarios
La normativa anterior vinculaba la falta de pago de la Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula con la prohibición de navegar. La nueva Ordenanza 1/26 elimina ese mecanismo automático. Prefectura seguirá verificando las deudas y podrá reclamar su pago, pero la existencia de una deuda no puede impedir el ingreso y la remisión de un trámite al Registro Nacional de Buques. La propia Prefectura explica que la modificación busca agilizar los procesos administrativos y eliminar la prohibición automática de navegar por falta de pago. La ventaja es clara: una deuda administrativa deja de convertirse automáticamente en una barrera para realizar otros trámites. Pero la tasa continúa siendo obligatoria y la deuda puede ser reclamada por las vías correspondientes.
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Otra modificación importante para la náutica deportiva está relacionada con los motores. La normativa anterior establecía la registración obligatoria de los fuera de borda de 40 HP o más. La Ordenanza 1/26 eleva considerablemente ese límite: ahora deben registrarse obligatoriamente los motores fuera de borda de 85 kW o más, aproximadamente 114 HP. Para los motores de menor potencia, la registración es optativa. Para los que no se registren, el propietario deberá conservar la factura o contrato de compra y, cuando corresponda, la documentación que acredite su nacionalización. Es una simplificación importante para una gran cantidad de embarcaciones deportivas con motores de potencia media, aunque mantiene el control registral sobre los de mayor potencia.
Más responsabilidad
La nueva ordenanza incorpora una herramienta que modifica la relación entre el usuario y la administración: la declaración jurada de navegabilidad. Para determinadas embarcaciones nuevas, el propietario deberá declarar que la unidad se encuentra en condiciones adecuadas de navegabilidad y que quien la conduce cuenta con la documentación habilitante correspondiente. La medida busca agilizar determinados procesos, eliminando las inspecciones de la Prefectura en embarcaciones nuevas sin uso, pero también significa una mayor responsabilidad para el propietario. La declaración jurada no debería interpretarse como un simple trámite administrativo: el propietario está afirmando formalmente que la embarcación reúne las condiciones declaradas.
Otra de las novedades es la incorporación expresa de las Organizaciones Reconocidas y/o profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Naval dentro del Régimen Simplificado. La nueva norma permite su intervención en determinados procesos de construcción, modificación y eliminación de buques o artefactos navales. Además, en determinados casos, un certificado del astillero constructor puede ser reemplazado por una certificación de homologación emitida por Prefectura, una Organización Reconocida o un profesional matriculado dentro del régimen simplificado. Esto puede favorecer la descentralización y acelerar trámites técnicos como, por ejemplo, las modificaciones, cambio de medidas o incremento de potencia en las embarcaciones. Al mismo tiempo, aumenta la responsabilidad profesional y reduce los tiempos para los propietarios de las embarcaciones.
Esta ordenanza también incorpora un procedimiento específico para determinadas transferencias. Cuando se trate de embarcaciones de 3 a menos de 10 toneladas de arqueo bruto, antes de iniciar la transferencia el propietario deberá presentarse ante la dependencia de Prefectura correspondiente al lugar donde se encuentra la unidad. El objetivo es verificar que la embarcación existe y que sus características de casco y motores coinciden con la información registrada. Si existen diferencias de medidas o arqueo, pero se determina que se trata de la misma embarcación, puede realizarse un rearqueo. Si hubo modificaciones o se instaló otro motor, el propietario deberá presentar un descargo y documentación respaldatoria. Aunque este procedimiento agrega un paso a la transferencia, también representa una protección para el comprador: permite comprobar que la embarcación que se está adquiriendo coincide con la registrada.
Mayor flexibilidad para importadas
La normativa también contempla alternativas para determinados documentos relacionados con buques y motores importados. En determinados casos, documentación vinculada con la importación puede complementarse o reemplazarse mediante declaraciones juradas con las formalidades previstas. También se permite reemplazar determinados certificados del astillero por certificaciones de homologación de Prefectura, del Estado de abanderamiento, de una organización reconocida o de un profesional habilitado. Esto puede facilitar especialmente la regularización de embarcaciones extranjeras usadas y unidades cuya documentación original resulta difícil de obtener.
La Ordenanza 1/26 busca, además, adaptar el Registro Nacional de Buques a una realidad diferente de la que existía cuando se dictó la Ordenanza 9/02. Para el navegante, las principales ventajas son la digitalización, la eliminación de la prohibición automática por deuda, la reducción de las registraciones obligatorias de motores y una mayor flexibilidad documental. Las principales desventajas o desafíos son la obligación de reinscribir determinadas embarcaciones, la necesidad de realizar verificaciones físicas en algunas transferencias y una mayor responsabilidad del propietario y de los profesionales que intervienen mediante declaraciones y certificaciones.
En definitiva, la nueva norma no es simplemente un cambio de formularios. Representa un cambio en la manera de administrar y registrar las embarcaciones en la Argentina. La filosofía parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayor responsabilidad de los actores involucrados. Para el propietario, la recomendación es sencilla: antes de vender, comprar, transferir, modificar o registrar una embarcación, conviene verificar cuál es ahora el procedimiento aplicable y qué documentación corresponde presentar. Después de más de 20 años, la Ordenanza 9/02 queda atrás. La náutica argentina comienza a operar bajo un sistema registral pensado para una administración digital y con una participación mucho mayor del propietario, los astilleros y los profesionales del sector.
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