La pesca furtiva vuelve a encender alarmas en la provincia de Salta. A tan solo días de haberse detectado un paño ilegal de más de 200 metros, un nuevo operativo policial confirmó que la problemática está lejos de resolverse: en esta oportunidad, se incautaron casi 400 m de redes clandestinas en el dique Cabra Corral.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Lacustre y Fluvial, junto a Bomberos de la Policía, quienes realizaron patrullajes náuticos nocturnos en distintos sectores del embalse. Fue en ese contexto donde detectaron redes tipo “paradora” extendidas ilegalmente, una modalidad altamente depredadora y prohibida. El resultado del operativo fue contundente: más de 350 m de redes decomisadas y la recuperación de más de 100 ejemplares de pejerrey, una de las especies más buscadas por pescadores deportivos y clave en el equilibrio del ecosistema.
Un problema que golpea al recurso
Este nuevo episodio no es aislado. La reiteración de estos hechos pone en jaque la sustentabilidad del recurso ictícola y genera un fuerte malestar entre los pescadores deportivos, quienes vienen denunciando la situación desde hace tiempo. Antonio Smith, pescador habitual de la zona, fue contundente: “Todo el mundo sabe quiénes son, no es difícil investigarlo”, afirmó. Además, remarcó que “los controles prácticamente no existen”, señalando una falta de recursos en la Policía Lacustre.
Otro de los puntos más cuestionados es la desigualdad en los controles: mientras a los pescadores deportivos se les exigen licencias, cupos y reglamentaciones estrictas, las redes ilegales muchas veces operan sin sanciones efectivas.
Más controles, pero el desafío continúa
Desde la fuerza de seguridad indicaron que los operativos se intensificaron tras los reclamos y que continuarán con patrullajes tanto náuticos como terrestres en puntos estratégicos del dique. El objetivo, aseguran, es claro: preservar el equilibrio ambiental, proteger la fauna y garantizar una pesca responsable dentro del marco de la ley. Sin embargo, la reiteración de estos casos deja en evidencia que el problema persiste y que la pesca ilegal sigue siendo una amenaza concreta para los espejos de agua argentinos.
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