Los científicos que estudian las migraciones de los peces se sorprendieron por la distancia y el tiempo transcurrido desde que fue marcado el surubí hasta su captura, en el río Paraná Pavón. Foto: Weekend
Pescadores artesanales denuncian hostigamiento, multas irregulares y el decomiso de pescados
Trabajadores de Empedrado denunciaron presuntas irregularidades durante un operativo de inspectores de Recursos Naturales y efectivos policiales. Aseguran que se llevaron cerca de 1.000 kilos de surubíes sin dejar constancia en el acta, que recibieron una multa por reclamar y que las autoridades actuaron fuera de su jurisdicción.
Por Jorge Virgilio
La pesca artesanal vuelve a quedar en el centro de la polémica en Corrientes. Esta vez, un grupo de trabajadores de Empedrado denunció presuntos episodios de persecución y hostigamiento por parte de inspectores de la Dirección de Recursos Naturales, quienes realizaron un procedimiento con el apoyo de efectivos de la Policía Rural e Islas y Ambiental Rural (PRIAR).
El reclamo tomó mayor repercusión días después de la difusión de un video en el que se observa un procedimiento cuestionado por los pescadores. En las imágenes, los efectivos aparecen golpeando con una maceta de madera a ejemplares de surubí hasta provocarles la muerte, en lugar de devolverlos al río. Sin embargo, detrás de ese episodio hay otros cuestionamientos que los trabajadores consideran todavía más graves: un presunto decomiso de pescado que no habría quedado asentado en el acta oficial, una multa económica y un conflicto por los límites jurisdiccionales entre Corrientes y Santa Fe.
Según el relato de uno de los damnificados, el operativo ocurrió el pasado 11 de octubre en una ranchada ubicada sobre el margen derecho del río, en un sector correspondiente a la localidad santafesina de Florencia. Allí aparece el primer punto de controversia. Los pescadores sostienen que los funcionarios correntinos realizaron el procedimiento fuera de su jurisdicción, aunque en la documentación oficial habrían consignado que la intervención tuvo lugar en territorio de Corrientes. "Estábamos con red permitida, teníamos permiso y todas las medidas correspondientes. Bajaron prepotentemente y pasó todo lo que pasó", relató uno de los trabajadores.
Además, el pescador cuestionó la explicación que habrían dado los inspectores para justificar la muerte de los ejemplares. Según la versión oficial que les transmitieron, los surubíes estaban atados con un cable de acero. No obstante, el trabajador aseguró que los peces permanecían vivos y que incluso los propios agentes le solicitaron que les cortara las espinas para poder subirlos a la embarcación.
El reclamo por 1.000 kilos de pescado que no figuran en el acta
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia está relacionado con el destino de la mercadería secuestrada durante el operativo. El pescador aseguró que los inspectores se llevaron aproximadamente 1.000 kilos de pescado, principalmente ejemplares de surubí que, según su versión, cumplían con las medidas reglamentarias. Sin embargo, denunció que esa cantidad de mercadería no aparece consignada en el acta de infracción que recibió. De acuerdo con su testimonio, en el documento solamente figura el secuestro de una red que, asegura, nunca fue incautada. En cambio, sí quedó asentada una multa económica que el trabajador vincula con sus cuestionamientos al accionar de los funcionarios.
Las consecuencias económicas del procedimiento serían importantes. Los pescadores estiman que las pérdidas alcanzan los 15 millones de pesos, al contabilizar el valor de los ejemplares y las herramientas de trabajo comprometidas. "Hoy prácticamente no tengo cómo sustentar a mi familia porque tuve que vender varias de mis herramientas para tratar de pagar la multa", lamentó el damnificado.
Un conflicto de jurisdicción entre Corrientes y Santa Fe
A las pérdidas económicas se suma otro problema: la dificultad para realizar los reclamos administrativos y recuperar sus pertenencias. Según contó el pescador, cuando se presentó ante las autoridades correntinas para solicitar explicaciones, recibió como respuesta que debía dirigirse a la provincia de Santa Fe. La situación generó todavía más malestar entre los trabajadores, que cuestionan la contradicción entre la jurisdicción invocada durante el procedimiento y la responsabilidad que posteriormente les atribuyeron para resolver el conflicto.
"Si tenemos que ir a reclamar a Santa Fe, entonces ¿por qué no nos dan un permiso para pescar allá?", planteó el entrevistado en diálogo con Eventos y Noticias. De esta manera, el episodio expone una problemática que atraviesa a los pescadores artesanales que desarrollan su actividad en sectores cercanos a los límites provinciales, donde las competencias administrativas y los permisos pueden convertirse en un obstáculo a la hora de trabajar y defender sus derechos.
La polémica continuará. Mientras tanto, los pescadores reclaman explicaciones sobre el procedimiento, el destino de los ejemplares decomisados y las presuntas irregularidades administrativas. El pedido, según resumen, es poder continuar con su actividad sin situaciones de hostigamiento y con reglas claras para quienes viven de la pesca artesanal.
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