Cuando en gran parte de la Patagonia se ha efectuado el cierre de la temporada de pesca y la mayoría de los aficionados que realizan la práctica deportiva se preparan a guardar los equipos, el incremento de la actividad furtiva es nototio en toda la región y más especialmente en la provincia de Neuquén, desde la cual en forma constante nos llegan informaciones acerca de los operativos policiales que buscan controlar la depredación de los ríos y hacer cumplir la normativa ambiental vigente.
En esta ocasión, y en un fin de semana largo que motivó mucho movimiento de pescadores, en la jornada del jueves 1 de mayo, en un operativo realizado en las inmediaciones del embalse Alicura, personal policial de la División Brigada Rural y Abigeato de Junín de los Andes, con apoyo de Guardafaunas, secuestró 60 truchas y 30 elementos de pesca. El hecho que relata el portal neuquino Mejor Informado destaca por sobre la noticia en particular una historia más profunda que tiene que ver con el crecimiento de este delito, una amenaza directa al equilibrio ambiental, a la biodiversidad regional y a décadas de esfuerzos por conservar un recurso natural que define la identidad neuquina. Según consigna, en abril se incautaron más de 200 peces en diversos operativos en los que se encontró aficionados realizando la actividad fuera de temporada, sin licencia, en zonas prohibidas o con métodos ilegales, como redes, trampas o cantidades desmedidas. Lo que ocurrió en Alicura entra en varias de esas categorías. No es un descuido: es una práctica que, repetida en el tiempo, puede tener consecuencias graves para el ecosistema acuático. En lo que va del año, más de 20 personas han sido demoradas o multadas por infringir las normas de pesca en Neuquén, lo que marca una tendencia preocupante en el comportamiento de ciertos pescadores que desconocen –o ignoran deliberadamente– la legislación vigente.
La trucha es una especie emblemática de los ríos y lagos patagónicos, no solo por su atractivo deportivo, sino también por su función ecológica y económica. Cuando se pesca sin control, se interrumpe su ciclo reproductivo, se desbalancean los ecosistemas acuáticos y se reduce su población hasta niveles que pueden tardar años en recuperarse. Por eso, la Ley Provincial N° 2.539 no prohíbe la pesca, pero sí la regula de forma estricta. Su objetivo es garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies, permitiendo que sigan existiendo para generaciones futuras y que continúen aportando valor cultural, económico y recreativo a la región. Esta norma establece, por ejemplo: temporadas habilitadas según la especie, zonas de pesca permitidas, cantidades máximas por persona, métodos autorizados y requisitos de licencias actualizadas.
La imagen de una carpa improvisada a orillas del embalse, con decenas de truchas muertas, es una postal del daño que aún queda por revertir en materia ambiental. El accionar de la Policía y los guarda faunas busca hacer cumplir la ley vigente, pero la prevención real comienza con la educación y el respeto por la naturaleza.
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