Armas: legítimos usuarios en problemas

Una nueva resolución perjudica a los Legítimos Usuarios la tramitación de sus credenciales y favorece a una empresa, a quien le otorga el monopolio de los exámenes psicofísicos.

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La legislación vigente en nuestro país (Leyes 20.429 y 24.942) ha creado la figura del Legítimo Usuario de Armas de Fuego y establece los recaudos a cumplimentar para obtener dicha condición, siendo el ex RENAR –actual Agencia Nacional de Materiales Controlados– el organismo encargado de otorgar las credenciales que acreditan a un usuario como tal.

Las exigencias requeridas por las normas demandan que el Legítimo Usuario no posea antecedentes penales, tenga un medio de vida lícito, pase una prueba de idoneidad en el manejo de armas y sea declarado apto física y psíquicamente por profesionales en la materia. Este último punto necesita de la participación de un médico y un psicólogo para firmar cada apto, o de un especialista en psiquiatría que  intervenga en los dos casos. Todo debe ser cumplido nuevamente cada cinco años, que es el tiempo estipulado para renovar la Credencial de Legítimo Usuario (CLU).

A partir de la asunción del actual gobierno, el RENAR pasó a denominarse ANMaC, siendo su titular la doctora Natalia Gámbaro. Por Resolución 15/2017 la funcionaria, mediante una licitación en la cual se excluyeron de antemano a dos de los tres oferentes –por no cumplir con los requisitos– otorga la exclusividad de los exámenes psicofísicos a la empresa Dienst Consulting S.A. Dichos exámenes, que se vienen exigiendo desde la sanción de la Ley de Armas vigente, eran realizados por profesionales matriculados a los que el solicitante abonaba la consulta, que promediaba los $ 600. A partir de la implementación de esta medida monopólica, el arancel a pagar por el Legítimo Usuario será del orden de los $ 4.500.

Una sencilla investigación sobre los antecedentes de la empresa adjudicataria nos muestra que ha resultado favorecida en otras oportunidades desde estamentos del poder, mediante operatorias que muchos califican como poco claras. A ver… en el año 2009, el entonces gobernador Daniel Scioli le adjudicó por contratación directa el control de las licencias médicas solicitadas por los docentes bonaerenses, fijándole un canon anual de alrededor de 150 millones de pesos. En 2014, Dienst Consulting S.A. fue incluida por la AFIP en un listado de empresas que supuestamente habrían utilizado facturas truchas. Y también aparece en los registros de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP) a raíz de la falta de presentación de declaraciones juradas. Pese a estos antecedentes, se le adjudicó también el control de licencias médicas y exámenes de ingreso de la Policía Metropolitana.

Pero vayamos a lo específicamente nuestro. La monopolización por parte de una empresa privada –promovida desde la ANMaC– de los exámenes piscofísicos, ya le ha valido a la doctora Gámbaro una denuncia penal presentada por un Legítimo Usuario. Por su parte, profesionales de la medicina han enviado notas a sus respectivos colegios solicitando la intervención. El director nacional de Registro y Delegaciones de la ANMaC, doctor José Capdevilla, presentó un escrito con duros términos por mesa de entradas del organismo registral, solicitando tener acceso al expediente de la licitación, la que se llevó a cabo durante una licencia suya por problemas de salud.

Todo avanza en forma inexorable hacia la implementación de la medida, sin tener en cuenta el perjuicio que se le va a causar a los usuarios que pretenden estar dentro de la ley. Y es de suma importancia –para evitar equívocos fomentados desde la conducción del organismo, con el fin de justificar su accionar– tener en cuenta que las medidas tomadas no eliminan la proliferación de armas ilegales en el país, sino todo lo contrario: muchos usuarios se verán imposibilitados de renovar su CLU, ya sea por su elevado costo o por pertenecer a localidades alejadas de los centros de atención médica de la empresa. Seguramente algunos pasarán a la ilegalidad, empujados a ello por una política errónea.
La función primordial de la Agencia Nacional de Materiales Controlados es conocer quiénes son los poseedores de las armas legales, en qué condiciones se encuentran esos tenedores y si son aptos o no. Desde hace años las sucesivas gestiones han olvidado el motivo de la creación del organismo, para transformarse en un centro de recaudación, para propios o –como en este caso– ajenos.

Nota completa publicada en revista Weekend 537, junio 2017.

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